01.- Los enemigos de los Pensionistas

Otro enemigo de los pensionistas: Bruselas

Posted on

OTRO DE LOS ENEMIGOS DE LOS PENSIONISTAS

La comunidad Económica Europea

Bruselas continúa siendo insensible al tema de las pensiones.

Si Bruselas es capaz de forzar al Gobierno Español para cambiar la constitución española para que el pago de la deuda sea un deber constitucional. Y no es capaz de pensar que el derecho a una pensión digna y su revalorización para no perder poder adquisitivo debería ser un derecho constitucional.

Que nos está diciendo Bruselas, que primero el pago de la deuda y las pensiones, como es el mayor gasto de los presupuestos deben de bajar.

Esto demuestra una insensibilidad desmesurada hacia los pensionistas. Ex-trabajadores que han cotizado sus futuras pensiones, que han contribuido al desarrollo económico de sus países y por lo tanto de Bruselas.

Ahora que los pensionistas están en su ultima fase existencial, que la mayoría están cobrando pensiones indignas, ¡¡¡no pasa nada¡¡¡. ¡¡¡Lo primero devolver la deuda¡¡¡.

Bruselas tiene que saber que los pensionistas no estamos de acuerdo con estas políticas neoliberales y nos TENDRÁN EN FRENTE

NO DEJAREMOS DE MOVILIZARNOS, sabemos que nos enfrentamos a enemigos muy poderosos, pero LUCHAREMOS CADA DÍA hasta que Bruselas reconozca que las pensiones son un derecho constitucional y dejen de jugar a cuadrar los presupuestos con el coste de las pensiones.

Compañeros de Marea Pensionista luchando en Bruselas.

 

Los reproches de Bruselas a España: los cambios en pensiones, la deuda excesiva, y el récord en paro y empleo temporal

  • La Comisión Europea no cree que el Gobierno cumpla con el objetivo de déficit ni este año ni en 2019
  • Advierte de que la subida de las pensiones sólo está financiada “en parte” y reprocha al Gobierno que ponga en duda las reformas de 2011 y 2013
  • Destaca las tasas récord de paro y empleo temporal, y pide medidas “ambiciosas” para mejorar la transparencia en los contratos públicos
Begoña P. Ramírez
Publicada 24/05/2018 a las 06:00Actualizada 23/05/2018 a las 21:55

Bruselas ha analizado el proyecto de Presupuestos que estos días se tramita en el Congreso y, aunque dictamina que cumple “en líneas generales” con los mandatos del Pacto de Estabilidad, no cumplirá ni este año ni el próximo el objetivo de déficit público, tampoco el esfuerzo fiscal exigido a España. En su análisis, publicado al mismo tiempo que las recomendaciones del Consejo sobre la última actualización del Programa de Estabilidad, la Comisión prevé que el déficit público español alcance el 2,7% del PIB, en lugar del 2,2% pactado.

Como, aun así, quedará por debajo del objetivo del 3%, Bruselas avala el proyecto de Presupuestos porque entiende que el déficit se corregirá “de manera oportuna”. La Comisión reprocha al Gobierno que haya elaborado unas cuentas “expansivas”, basadas únicamente en la confianza de que el ciclo alcista de la economía mejorará el déficit, y le “invita” a preparar “medidas adicionales dentro de la tramitación presupuestaria” para garantizar que el proyecto de ley cumple con el Pacto de Estabilidad.

Tampoco la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cree que España cumpla la senda de déficit no sólo este ejercicio sino igualmente en los próximos tres años. Este miércoles difundió su propio informe sobre el Programa de Estabilidad actualizado, donde tacha de “improbable” el cumplimiento del déficit hasta el 0,1% del PIB en 2021 tal y como prevé el Gobierno. Para ello, debería recortarse el gasto público en un 2,4% del PIB, lo que a juicio de la AIReF también “resulta muy improbable” porque no está “sustentado en medidas con un grado de concreción suficiente”.

La Comisión destaca que las últimas medidas tomadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, desde las bajadas de impuestos hasta la subida de salarios para los funcionarios y el aumento de las pensiones pactado con el PNV, elevarán el déficit un 0,4% del PIB este año y un 0,1% en 2019. En concreto, la mejora de las pensiones mínimas en un 3% y del resto en un 1,6% en 2018 y un 1,5% en 2019 equivale a un aumento del gasto público del 0,2% del PIB en ambos ejercicios. Que sólo se sufraga “en parte” con la recaudación del impuesto a las tecnológicas que el Gobierno ha prometido crear antes de acabar este mismo ejercicio. La previsión de Hacienda es ingresar con esa tasa Google 600 millones este año y 1.500 millones el próximo. También pretende pagar el gasto adicional en pensiones mediante el ahorro en el pago de intereses de la deuda pública y con un menor pago de indemnizaciones por las autopistas de peaje quebradas, unos 200 millones menos de los 1.800 inicialmente previstos.

Sobre la subida de las pensiones también tiene su reproche la Comisión. Según resalta, que el Gobierno haya dejado en suspenso el Índice de Revalorización (IRP) del 0,25% y optado por elevar las prestaciones al ritmo de la inflación prevista, así como por retrasar la aplicación del Factor de Sostenibilidad a 2023, “pone en duda el compromiso [del Ejecutivo] con las reformas” de 2011 y 2013. Bruselas defiende ambas porque, a su juicio, ayudaron a “garantizar la sostenibilidad y la relativa suficiencia de las pensiones en el largo plazo”. Este mismo martes, el ministro de Economía, Román Escolano, negó que el retraso del Factor de Sostenibilidad y la suspensión durante dos años del IRP supongan una “marcha atrás” en la reforma de 2013 de las pensiones y aseguró que la revalorización pactada con el PNV es “excepcional”, un aumento “extraordinario” con el que se trata de “hacer llegar el crecimiento económico a los pensionistas”.

El lastre del paro y el abuso del empleo temporal

Pero la desconfianza sobre las pensiones no es la única crítica que lanza Bruselas a España en sus análisis. Entre los “desequilibrios macroeconómicos” reseñados, el Consejo cita la deuda pública y privada y el alto nivel de desempleo. “A pesar del fuerte crecimiento del PIB nominal, la deuda pública sólo se reduce lentamente”, apunta. La Comisión, por su parte, corrige el objetivo de deuda del Gobierno para este año, el 97% del PIB, elevándolo seis décimas.

Cuando Bruselas pasa al detalle, el panorama que pinta, un año más, es poco aleccionador. Destaca que aún en 2019 España tendrá una de las tasas de paro más elevadas de la Unión Europea, lo que a su vez frenará los salarios y dejará la inflación por debajo del 2%. También se mantendrá el subempleo. No puede ser de otra manera si, además, España tiene el récord de empleo temporal en la UE. Los contratos no sólo tienen fecha de caducidad sino que, además, son muy breves, no suelen traducirse en un contrato indefinido y su uso se extiende incluso a los sectores donde la actividad no es estacional o cíclica, señala el informe. “Impiden que crezca la productividad, dan derecho a menores prestaciones y aumentan el riesgo de pobreza”, según la descripción del Consejo, que critica por ineficaz el actual sistema de incentivos a la contratación indefinida.

Igualmente se sitúa por encima de la media europea el porcentaje de personas que en España están en riesgo de pobreza y exclusión, lamenta Bruselas. No sólo vincula el empleo temporal y a tiempo parcial con los “trabajadores pobres”, sino que también subraya que las prestaciones sociales, exceptuadas las pensiones, son menos eficaces que en el resto de la UE y su impacto, además, se reduce cada año: rentas mínimas autonómicas y de inserción, ayudas familiares… “Muchas personas que las necesitan no las reciben”, apunta el Consejo. Su cobertura es baja y desigual.

Bruselas recuerda que en agosto de 2016, cuando estrechó la vigilancia sobre la economía española para que cumpliera el objetivo de déficit, pidió al Gobierno que tomara medidas para fortalecer sus leyes fiscales y de contratación pública. Sin embargo, casi dos años después, la Comisión lamenta que el proyecto de Presupuestos “no mencione la revisión de la regla de gasto de la Ley de Estabilidad”, ni incluya medidas para aumentar “los mecanismos automáticos” de esa norma “para evitar y corregir desviaciones de los objetivos fiscales”. Además,la Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el pasado mes de marzo, sólo tendrá éxito si se toman decisiones “ambiciosas” para desarrollarla, asegura el documento.

Las pensiones en los presupuestos generales del Estado 2018

Posted on Updated on

UNO DE LOS ENEMIGOS DE LOS PENSIONISTAS

los Presupuestos Generales del Estado:

Resultado de imagen de presupuestos generales del estado 2018

Los Presupuestos Generales del Estado aprobado en Consejo de Ministros hace, aparentemente, de los pensionistas uno de los colectivos protagonistas, con una serie de medidas de las que podrían beneficiarse más de seis millones de ciudadanos. Esto es totalmente falso.

Además del incremento de las pensiones propuesto, de entre el 1% y el 3% dependiendo del tipo de pensión, el Gobierno propone una rebaja del IRPF para las rentas más bajas de la que se beneficiaría más de un millón de contribuyentes. Analizamos las principales medidas contempladas en los PGE,

Pensiones mínimas

Estas pensiones experimentarían una subida del 3% y beneficiarían a más de 2,4 millones de pensionistas, según cálculos del Gobierno. Esta medida es totalmente insuficiente. Subir un 3% a una pensión de 300 euros significa pasar a cobrar 309 euros. Siguen estando por debajo del límite de la pobreza que son 1.080 euros.

Pensiones no contributivas

Las pensiones del nivel no contributivo también se verían incrementadas un 3%, y alcanzarían a aproximadamente 450.000 pensionistas. Subir un 3% a las pensiones mas bajas es un insulto al pensionista.

Pensiones de viudedad

La cuantía de la pensión de viudedad pasaría del actual 52% de la base reguladora correspondiente al 54% de dicha base. Se verían beneficiados aproximadamente medio millón de pensionistas. La intención del Gobierno es pasar, en un plazo de 2 años, de ese 54% al 60%. La pensión de viudedad deberia estar en un 80%.

Otras pensiones

Las pensiones inferiores a 700 euros mensuales, percibidas por aproximadamente 1,5 millones de pensionistas, se verían incrementadas un 1,5%, mientras que las pensiones en el intervalo entre los 701 euros y los 850 euros se incrementarían un 1%. En ese intervalo se encuentran aproximadamente 880.000 pensionistas. Esto implica pérdida de poder adquisitivo. El IPC ha sido 1,6%

Reducción en el IRPF

En cuanto a las novedades en el IRPF, por un lado, se eleva el mínimo exento de tributación, desde los actuales 12.000 euros brutos anuales a los 14.000 euros brutos anuales propuestos. Además, a aquellos que se encuentren en niveles de rentas entre los 14.000 y los 18.000 euros brutos anuales, se propone un incremento de la reducción por rendimientos netos del trabajo. Esta medida beneficiará a unos 3,5 millones de contribuyentes, de los que alrededor de un millón son pensionistas.